Colombia tiene una inmensa riqueza minero-energética, pero en el necesario debate sobre cómo aprovecharla de forma responsable y sostenible no logra encontrar las vetas del consenso y, por el contrario, la sumatoria de posiciones radicales y de polarización política ha contribuido a la acumulación de “gases explosivos” que casi siempre terminan por ocasionar graves daños.
En medio de esa vorágine, el país tendrá que tomar decisiones trascendentales de cara a su presente, amenazado por una pandemia de incalculables efectos económicos y sociales; y sobre su futuro, apalancado en la apuesta por una transición limpia y sostenible, que demanda, de paso, la exploración y explotación de recursos minero-energéticos distintos al carbón y al petróleo, esto es, oro y cobre.
Decisiones que pasan por el papel que juega la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que el pasado sábado ordenó el archivo del estudio que adelantaba dentro del licenciamiento en Soto Norte, proyecto minero en el área de influencia del páramo de Santurbán, en Santander. El argumento, entre otros, es que no se cumplieron los requisitos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), así como los alcances de la hidrología y de suelos.
Esta determinación de la ANLA, que no significa que el proyecto quede negado, pues es posible demandar la decisión y realizar un nuevo EIA, se produce un día antes de que el Presidente Iván Duque posesionara al nuevo ministro de Ambiente, Carlos Correa, quien tendrá varios chicharrones en materia ambiental, de transición energética, deforestación, lucha contra el cambio climático, crecimiento verde, y, por supuesto, conseguir que proyectos mineros que son estratégicos para la reactivación sostenible del Gobierno sean aprobados. Entre ellos, Quebradona.
Así mismo, liderar la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso, en medio de un ambiente político enrarecido por la presión de algunos grupos económicos y gremiales para que no se ratifique, argumentando que se pierde soberanía ambiental, se pone en jaque la seguridad jurídica y se deja en manos de terceros no afectados la decisión de aprobar o no proyectos en los territorios.
Es claro advertir que el debate sobre minería no es exclusivo de Colombia, pues en América Latina son conocidos los conflictos en torno a la explotación de recursos naturales no renovables, así como son visibles las experiencias exitosas que se han dado en la región y en otras partes del mundo, y es justo reconocer en aras de ampliar las visiones y enriquecer el debate. Lo menos sostenible es poner paredes entre ambos lado del espectro.
Así como este sábado, una buena parte del país celebrada la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de archivar el proceso de licenciamiento para la explotación de oro en Santurbán, Santander, otra espera con optimismo que se dé vía libre a otros proyectos que el propio Gobierno considera fundamentales para la reactivación verde, entre otros, Quebradona, en Jericó, donde también existe un grupo de oposición al proyecto de la AngloGold.
El propio ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, dijo en reciente entrevista con territoriossostenible.com que Colombia va a depender algunos años más de la explotación de hidrocarburos y de gas, y deberá avanzar con urgencia hacia energías renovables no convencionales, eólica y solar, en las que resultan centrales el oro y el cobre como minerales para la elaboración de paneles solares y hélices de turbinas de viento.
¿Por qué hacer minería?
En el lado de quienes defienden la minería sostenible como un eje central de la reactivación económica para el país aparecen argumentos como que acelera el crecimiento del PIB, gracias a las exportaciones y la inversión extranjera directa; genera ingresos tributarios por vía de impuesto a la renta y otros; genera empleo y recursos para las regiones y, además, es una actividad sostenible que cumple estándares ambientales rigurosos.
Las exportaciones de oro, por ejemplo, aportaron al país en el período 2011-2014 recursos del orden de los 2.492 millones de dólares por año, con una producción cercana a las 62 toneladas promedio al año, según cifras del Ministerio de Comercio, Desarrollo y Turismo. Entre 2016 y 2019, esos valores fueron de 1.508 millones de dólares por año y una producción promedio de 47 ton/año.
Aún así, algunos sectores críticos advierten que la cantidad producida no coincide en muchas ocasiones con la reportada y, en consecuencias, los impuestos son menores a los que deberían pagar las compañías exploradoras. En un reciente conversatorio sobre minería del Foro Nacional Ambiental, se aseguró que por impuesto de renta durante el período 2011-2018 por exportaciones de oro y plata se pagaron 64 mil millones de pesos, cuando el potencial era de 242 mil millones, según estimativos de la DIAN y del Ministerio de Comercio.
Los impuestos que se pagan por esta actividad, dicen los contradictores, son irrisorios: por cada mil pesos de exportaciones de oro, las empresas y personas naturales que se dedican a extraerlo y comercializarlo aportan 30 pesos por concepto de impuesto a la renta. En contraste, la industria manufacturera (que además genera mucho más empleo) contribuye con 44 pesos de impuesto a la renta por cada mil pesos de producto. Y la extracción de hidrocarburos, igualmente baja en empleos, aporta 108 pesos de impuesto a la renta por cada mil pesos de su aporte al PIB.
Estas diferencias, dice el experto Guillermo Rudas, representan grandes ventajas tributarias para las actividades auríferas. Ventajas que se expresan en el impuesto a la renta entre un 35% y un 105% de lo que pagan por regalías. Y esto sin incluir las exenciones en impuestos territoriales que está recibiendo la producción de oro.
“Solo en descuentos de impuesto a la renta, las empresas mineras están dejando de pagar gran parte, si no todas las regalías con las que deberían contribuir. Bajo estas condiciones no tiene sentido impulsar la extracción de oro para reactivar la economía”, dice Rudas.
Desde 1994, las empresas que explotan oro deben pagar una regalía equivalente al 4%, calculado sobre el 80% del precio en el mercado de Londres, es decir, una regalía del 3,2% del total. En una situación de bonanza que produce ganancias extraordinarias, por encima del precio de equilibro, el Estado sigue recibiendo ese pírrico 3,2% del valor final del producto, advierte el economista.
Además del contexto económico, un amplio sector es también bastante crítico en torno a los daños ambientales que la minería, no sólo a gran escala, sino la mal hecha, tiene sobre los ecosistemas estratégicos, en especial sobre el recurso hídrico, la pérdida de biodiversidad, la producción de residuos tóxicos y contaminantes, la destrucción de los suelos y los daños sociales en las zonas de influencia.
Los que defienden la actividad minera también ofrecen cifras de los beneficios que genera para el país la explotación de minerales no sólo en términos económicos, sino ambientales. La inversión social pasó de 65.353 millones en 2016 a 127.040 millones en 2018, así como la gestión ambiental pasó de 260.252 millones a 364.544 millones en el mismo período, según datos de la ACM.
Las cifras de la minería en Colombia
Este primer informe especial sobre minería en Colombia presenta el panorama general en que se encuentra el sector hasta septiembre de 2020, recogiendo la información oficial disponible y las cifras presentadas durante la citación que varios congresistas de la Comisión V del Senado hicieron la semana pasada para debatir, entre otros, proyectos como Santurbán y Quebradona.
Los dueños del subsuelo en Colombia somos todos los ciudadanos que hemos confiado al Estado el manejo del mismo, lo que no es lo mismo que habérselo dejado al Gobierno de turno. Es decir, la riqueza que allí se encuentra nos pertenece a todos y todos somos responsables de su protección y conservación.
El país tiene 144 millones de hectáreas, de las cuales el 3.3% (3.7 millones de ha) están tituladas para la actividad minera y el 0.2% (200 mil ha) está en explotación, según cifras del Ministerio de Minas.
El número de títulos mineros aprobados es de 7.439 y los llamados mineros de subsistencias ascienden a 116.616. Distribuidos por tipo de mineral, el 41% corresponde a materiales de construcción, 21% a oro y metales preciosos, 18% a otros minerales, 16% a carbón y 4% a esmeraldas. Por escala, el 64% corresponde a pequeña minería, 34 a mediana y 2% a gran minería.
En términos del Producto Interno Bruto, el carbón aporta el 66 por ciento, 19% metales y el 15% restante otros materiales. En su conjunto, el sector minero aporta el 1.6% del PIB nacional, así como el 20 por ciento de los ingresos por exportaciones, el 13 de la inversión extranjera directa y regalías por cerca de 5 billones de pesos y 350 mil empleos directos y 900 mil indirectos. Por cada peso que se genera en minería, otros sectores reciben 2.4 pesos más, según cifras de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
El Gobierno adelanta un ambicioso proceso de formalización minera como antídoto a la explotación ilícita y de rentas criminales y es así como en 2019 se legalizaron 10.000 títulos, de una meta de 27.000 para 2022. Otros 1.500 mineros han recibido asistencia técnica y se han entregado 250 títulos de pequeña escala.
Antioquia, con viruela minera
El 7 por ciento del PIB nacional proviene de los recursos que generan los sectores minero-energético, de hidrocarburos y energía eléctrica. Eso equivale al 34 por ciento de toda la inversión extranjera directa y el 56 por ciento de las exportaciones.
Las mayores áreas tituladas están bajo competencia de la Gobernación de Antioquia (22%), seguidas por el PAR Cartagena y el PAR Valledupar con un 10% cada uno. La minería se desarrolla en 30 de los 32 departamentos y en el Distrito Capital.
Datos de la Agencia Nacional Minera dicen que la tenencia de títulos está concentrada en personas naturales (68%, con 6.517 títulos) y el 32% restante (3.085 títulos) está en manos de titulares con personería jurídica.
Pese a la emergencia por el COVID-19, la producción legal de oro sigue creciendo. En el segundo trimestre de 2020 aumentó más del 14% frente al mismo período de 2019, pasando de 8,7 a 10 toneladas. Respecto del primer trimestre de 2020 aumentó un 5%, según la Agencia Nacional Minera (ANM).
El oro ha mantenido su carrera alcista durante 2020, llegando casi a los $2.000 dólares la onza, el precio más alto desde 2012. El incremento en el precio del oro obedece a la búsqueda de activos seguros por parte de los inversionistas, a raíz de la incertidumbre sobre la economía global generada por la pandemia.
La industria de materiales para construcción alcanzó una producción de 1,7 millones de metros cúbicos.
En cuanto al carbón, hubo disminución y, en algunos casos, suspensión de las actividades, con el fin de mitigar riesgos de contagio y la baja en los precios internacionales. La producción disminuyó 48,8% comparando el segundo trimestre de 2020 con el de 2019. Pasó de 18,8 a 9,7 millones de toneladas. En relación con el primer trimestre, se redujo un 50%.
El precio en agosto fue de US39,6 por tonelada e inició septiembre con un repunte del 9,33%, al alcanzar los US43,3 por tonelada.
En el caso del níquel, hubo una disminución de operaciones frente a la crisis sanitaria. Durante el segundo trimestre de 2020 presentó un descenso del 9% y pasó de 23.300 a 21.200 millones de libras. El segundo trimestre frente al primero de igual forma presentó una disminución de 6,5%.
El Gobierno adelanta una estrategia denominada Minería 5.0, cuyos atributos son legalidad, emprendimiento, responsabilidad, confianza y compromiso, enmarcados en un modelo de fomento para la comercialización, la trazabilidad, el financiamiento y la inclusión financiera. De ese programa, 100 mineros ya se graduaron.
Nuevo régimen de regalías
El Artículo 332 de la Constitución dice que el Estado es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables y, según el Artículo 360, la explotación de estos recursos causa una contraprestación a favor del Estado llamada “regalías”.
Así, la Ley 141 de 1994 determina cómo se cobran las regalías y cómo se distribuyen entre los departamentos y los municipios. Éstas varían dependiendo del recurso y la cantidad explotada. Por ejemplo, si se explotan menos de 3 millones de toneladas anuales de carbón se debe pagar el 5%, y si se explota más de esa cantidad se debe pagar el 10%. El porcentaje es distinto para el petróleo, el oro, el platino, etc.
Los recursos recaudados se distribuyen entre todos los departamentos y municipios del país, sean o no productores de recursos no renovables.
Las empresas del sector minero aportaron más de $475.400 millones de pesos en regalías durante el segundo trimestre del año, según el reporte de la ANM.
El carbón aportó $372 mil millones de pesos que corresponden al 79% del total de las regalías mineras. El oro y el níquel aportaron cada uno 10% y el restante 1% otros minerales.
En los últimos dos años, la minería le ha aportado al país cerca de 5 billones de pesos en regalías. El Gobierno ha dicho que los recursos de las regalías provenientes de la producción de minerales e hidrocarburos impulsarán la reactivación económica de las regiones, con más de $15,7 billones para inversión social directa entre 2020 y 2021.
Según proyecciones del Ministerio de Minas y Energía, esto incluye asignaciones directas para las regiones productoras por más de $3,8 billones de pesos. Los municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas recibirán cerca de $2 billones de pesos, mientras los recursos para la inversión regional suman $5,2 billones de pesos. Con corte a agosto de 2020, estos saldos suman cerca de $4,7 billones de pesos.
Por primera vez, parte de las regalías se destinarán para la protección del medio ambiente con un 5% para la conservación de áreas estratégicas y la lucha contra la deforestación, con inversiones que superan el billón de pesos por año, a lo que se debe sumar el impuesto al carbono y una parte de los ingresos por licenciamiento ambiental.
Las asignaciones directas para las regiones se duplican, al pasar del 11% al 25%. Se estima que para el próximo bienio serán cercanas a los $4 billones de pesos.
Los departamentos con mayores asignaciones son Meta, que pasa de recibir más de $650.000 millones de pesos en bienio 2019-2020 a más de $1 billón de pesos para el bienio 2021-2022. Le siguen Casanare, que pasa de cerca de $300.000 millones de pesos a más de $670.000 millones de pesos; y Cesar, de más de $230.000 a más de $475.000 millones de pesos.
Más de 1.000 municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas serán beneficiados con asignaciones que pasan del 10,7% al 15%.
Se mantiene la inversión regional del 34% para proyectos de impacto regional con criterios de población, pobreza y desempleo.
La reforma establece un periodo de transición para que los departamentos puedan agilizar las inversiones en 2021, viabilizando, priorizando y aprobando directamente los recursos de la asignación para la inversión regional. Se deberá destinar un porcentaje no inferior al 5% de las asignaciones directas para infraestructura educativa o proyectos para mejorar la cobertura, permanencia y calidad de la educación superior pública.
Los recursos de Ciencia, Tecnología e Innovación aumentan del 9,5% al 10%.
Qué viene para el sector minero
Así las cosas, Colombia empieza un largo camino para poder reactivar una economía enferma por la pandemia, un ambiente social agitado, una polarización política ardiendo y una antesala electoral que será mucho más fuerte y agresiva que las anteriores.
En los poco menos de dos años de mandato que le quedan al Presidente Iván Duque, la transición energética, sin duda, marcará su agenda y dentro de ella, el tema minero está al rojo vivo, no sólo por las inversiones que se podrían dar, sino por la efervescencia ciudadana que hace carrera en las zonas de explotación.
Proyectos como los que adelanta hace años la Glencore, el mayor productor de carbón del mundo, y dueño en Colombia de Prodeco y de un tercio del Cerrejón, están en vilo, pues la compañía piensa detener la extracción de carbón en Colombia en los próximos 15 años.
La Colosa, en Cajamarca (Tolima), una de las principales apuestas auríferas del país, está paralizada y el Gobierno mira con atención la entrada en producción de la mina en Buriticá, Antioquia, que representa 250.000 onzas más de oro legal en el país, con inversiones por cerca de 600 millones de dólares, teniendo en cuenta que inversionistas chinos la adquirieron hace poco por US$1.400 millones.
Archivado el estudio del licenciamiento por parte de la ANLA en Santurbán, los ojos se concentrarán en Quebradona, pues ese proyecto pondría a Colombia en el mercado mundial del cobre, un mineral que el mundo necesita, junto con otros como el litio, para la industria de los automóviles, las turbinas eólicas y cientos de productos de tecnología.
Gramalote, en San Roque, Antioquia, ya es una realidad y está en marcha con excelentes proyecciones. Este proyecto representa unas 450.000 onzas de oro adicionales legales en Colombia y una inversión de US$900 millones.
Entre Minesa, Continental y Gramalote producirían casi 1,2 millones onzas de oro adicionales legales cuando terminen las construcciones en 3,5 años. Hoy producen 320.000 onzas legales; es decir, Colombia podría tener 4 veces más oro legal.
En conclusión, la minería en Colombia está ahora como en una carrera de automovilismo, por un lado, buscando la pole position; y por el otro, superando obstáculos y rivales también con muchas ganas de ganar, así todos entiendan que, en temas mineros, no será posible que todos queden contentos.
